June 14, 2008

Líderes sociales, activistas, intelectuales y parlamentarios se movilizan contra el racismo.

La CIDH informa este viernes los resultados de sus investigaciones sobre actos racistas y el levantamiento terrateniente anti guaraní en el chaco cruc

(UPIC-Tierra).- Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó esta semana la preocupante proliferación de actos racistas en todo el país. La visita de los observadores sensibilizó a decenas de instituciones y organizaciones sociales del país y del extranjero, las cuales llevan adelante una Campaña contra el racismo y en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La comisión de la CIDH, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), se entrevistó con autoridades de gobierno, dirigentes sociales y fuerzas cívicas para informarse sobre los violentos disturbios en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz protagonizados en los últimos meses por terratenientes y ganaderos.

La comisión evaluó las acciones del gobierno boliviano para poner fin a las relaciones de servidumbre y esclavitud en comunidades indígenas guaraníes del chaco de Santa Cruz, y averiguó por qué los terratenientes se oponen al saneamiento de sus tierras y a la titulación de una TCO guaraní en la localidad de Alto Parapetí.

También investigó las agresiones racistas en Sucre el 24 de mayo, donde cerca de 30 campesinos fueron secuestrados y humillados en una céntrica plaza. El gobierno señaló como instigadores de esas acciones a los dirigentes del Comité Interinstitucional y a la alcaldesa Aydeé Nava.

Al concluir su visita a Bolivia, la comisionada Luz Patricia Mejía, vicepresidenta Primera de la CIDH y Relatora para Bolivia, y el Comisionado Víctor Abramovich, relator para los Derechos de los Pueblos Indígenas, ofrecerán una conferencia de prensa en La Paz a las 10.30 de la mañana de este viernes 13 de junio en el Hotel Europa.

Algunas acciones contra el racismo

La Organización de Naciones Unidas (ONU) observó un preocupante rebrote de expresiones racistas en Bolivia, más propias de una sociedad colonial que de un Estado democrático moderno.

El Parlamento Indígena de América pidió al Comité Ejecutivo de la Confederación de Universidades de Bolivia (CEUB) que sancione y desconozca a Jaime Barrón como rector de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca por haber promovido y alentado conductas racistas.

El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) decidió enviar al país una comisión investigadora de las agresiones en Sucre, calificadas por la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología (Ulapsi) como actos “impropios” de una sociedad civilizada.

La organización de solidaridad BoliviaSol con sede en Washington sumó su voz “al clamor urgente para acabar con el racismo, la discriminación y la intolerancia”, e hizo un llamado a todos los que creen en los derechos democráticos, la justicia y la paz para que se unan a la gran campaña contra el racismo y el abuso que se ha lanzado en Bolivia.

Intelectuales europeos de la talla de François Houtart, presidente del Comité de Solidaridad Para Bolivia-Bélgica, se adhirieron a la Campaña contra de el racismo y la xenofobia en Bolivia, y manifestaron su vehemente protesta e indignación por los luctuosos e ignominiosos hechos acaecidos en Sucre, desatados por “sectores de la oligarquía y la extrema derecha fascista”.

A fines de mayo, activistas del Consejo Pro Bolivia de Hamburgo, Alemania, se movilizaron en Berlín para repudiar la presencia del presidente del Senado Oscar Ortiz Antelo (Podemos) en el XIII Encuentro Internacional de Berlín 2008, que se realizó en el Hotel Johannesstiff.

Ortiz viajó a Alemania acompañado por su esposa y por el ciudadano Javier Flores Siles, quien, haciéndose pasar como diputado nacional, se dedicó a desprestigiar al gobierno boliviano.

El presidente de la Cámara Alta pasó un mal momento. Residentes bolivianos, chilenos y algunos alemanes pidieron a los organizadores del Encuentro que Ortiz sea excluido de la lista de oradores por ser un representante de la extrema derecha separatista de Bolivia.

En todas sus intervenciones y entrevistas con la prensa, Ortiz tuvo que enfrentar protestas bulliciosas y permanentes actos de hostigamiento. Los activistas se pasearon frente a él con carteles y pancartas en las que se censuraba al autonomismo cruceño por ser un movimiento separatista y racista. Repartieron la foto de Ortiz con los bigotes de Hitler.

En Bolivia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Víctor Márquez Quino anunció el lanzamiento de una “Gira por los Derechos de los Pueblos Indígenas”, en el marco de la Campaña contra el Racismo que tuvo un punto alto el lunes 9 de junio con una multitudinaria marcha de ciudadanos de El Alto.

Los parlamentarios promocionarán la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la Organización de Naciones Unidades (ONU), la cual protege los derechos de más de 370 millones de indígenas en todo el mundo. Bolivia ha sido el primer país que elevó la histórica declaración a rango de Ley de la República.

La Comisión visitará los nueve departamentos del país para socializar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La gira comienza el 27 y 28 de junio en Cochabamba y continúa el 18 y 19 de julio en Potosí. El 1 y 2 de agosto llegará a Santa Cruz y el 14 y 15 de agosto difundirá el documento en Tarija. Los legisladores visitarán Pando el 11 y 12 de septiembre. La gira concluirá en la ciudad de La Paz el 10 de diciembre, en la celebración de los 60 años de la declaración de los derechos humanos. Aun no se ha fijado fecha para las exposiciones en Oruro, Chuquisaca y Beni.

Este viernes 13 de junio se exhibirán videos sobre la problemática guaraní en la plaza San Francisco de La Paz de 18:00 a 22:00 horas.

Hay guaraníes en condición de servidumbre en el chaco cruceño, confirma la CIDH

Redacción Bolpress

Un alto número de familias indígenas guaraníes continúan sometidas al trabajo forzoso y padeciendo en situación de servidumbre por deudas análoga a la esclavitud en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, constató una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En una visita a Bolivia entre el 9 y 13 de junio, la delegación de la CIDH encabezada por los comisionados Luz Patricia Mejía, relatora para Bolivia, y Víctor Abramovich, relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, observaron el “agravamiento” de la situación guaraní desde la última inspección de la CIDH en 2006.

En abril, grupos de terratenientes organizaron una fuerte resistencia en la provincia Cordillera a la intención del gobierno de sanear las tierras. La llamada "resistencia" de los terratenientes incluyó una emboscada a indígenas, incluido el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.

Después de las agresiones, parlamentarios de oposición vinculados a los terratenientes investigaron y no hallaron ni un solo caso de servidumbre o cautiverio de indígenas, sino "ausencia del Estado", "extrema pobreza compartida por propietarios y trabajadores" y algunos "trabajadores temporales".

Hasta el cardenal Julio Terrazas se sumó entonces a las voces de los terratenientes y aseguró que en el Chaco no hay esclavos. "Con qué facilidad se derrama la suciedad entre nosotros, se nos habla de que hay lugares llenos de esclavos; pues nadie está de acuerdo con eso, pero que nos muestren la verdad, que nos digan dónde los encontramos. No es posible que sigamos condenándonos sólo con slogans y palabras ofensivas", dijo durante una homilía.

La delegación de la CIDH verificó la existencia de trabajo infantil en la zona y confirmó que algunas familias cautivas son sometidas a castigos físicos (latigazos) y sufren la quema de sus cultivos y la muerte de sus animales, todo en el marco de la impunidad debido a la ausencia “casi total” del Estado.

La CIDH evidenció que los hacendados mantienen bloqueada a la región. Los comisionados tuvieron que sortear varios obstáculos en su recurrido hacia la localidad de Itacuatía, ya que los caminos públicos que atraviesan propiedades privadas están obstruidos con tranqueras y en algunos casos cerrados con candado.

La CIDH percibió una “escasa colaboración” de la Policía e “insuficiencia” de respuesta del Ministerio Público y del Poder Judicial ante la necesidad de investigar y sancionar a quienes evitan con violencia la redistribución de tierras y la titulación de una TCO guaraní en la localidad de Alto Parapetí, que en su criterio es la forma más efectiva de erradicar la servidumbre.

Los comisionados observaron también una “débil coordinación” de los Ministerios nacionales competentes en este tema y la falta de políticas integrales para erradicar la servidumbre, que es una obligación asumida por el Estado en plano internacional.

Los patrones y sus aliados sin argumentosLos hacendados de la provincia Cordillera y sus aliados (Prefectura, Comité Cívico y gremios empresariales de Santa Cruz, legisladores de derecha, el cardenal Julio Terrazas y otras instituciones conservadoras) aseguran que la servidumbre es una “excusa” del gobierno para “ensuciar” la imagen de sus enemigos políticos y “apropiarse” de las tierras y riquezas naturales de la zona para luego repartirlas entre militantes del MAS.

Pero la servidumbre es una lacra real con profundas raíces históricas que sigue mellando la dignidad nacional e interpelando al Estado. Todavía hay trabajadores sometidos a una relación laboral de dominación y pongueaje asimétrica, indigna y cargada de discriminación e injusticia porque la tierra sigue concentrada en pocas manos.

La delegación de la CIDH aclaró que la servidumbre y el trabajo forzoso es una manifestación extrema de la discriminación que históricamente han sufrido y siguen sufriendo los pueblos indígenas y comunidades de Bolivia.

Según el informe de la CIDH “Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia”, la problemática de la servidumbre está estrechamente relacionada con la estructura de la tenencia de tierra y la distribución de la misma en las regiones afectadas.

La mayor parte de la tierra de Alto Parapetí en la provincia Cordillera de Santa Cruz está en manos de poca gente. El INRA estima que de un total de 98.875 hectáreas, 14 predios categorizados como empresas abarcan una extensión total de 51.512 hectáreas (52% de la tierra); 28 medianas propiedades copan una superficie de 34.183 hectáreas (34,6%) y 40 pequeñas propiedades suman una superficie de 7.755 hectáreas (7,8%).

La desigual distribución y uso de la tierra en Bolivia, especialmente en las zonas bajas, no fue resuelta ni por la reforma agraria de 1953 ni por las políticas de libre mercado generalizadas desde 1985, entre ellas la ley INRA de 1996, coinciden diversas instituciones privadas de desarrollo, centros de investigación y organismos internacionales.

La Iglesia Católica señala que luego de la reforma de 1953 se entregaron “sin sentido de proporción ni equidad” las tierras más codiciadas de la región amazónica y chaqueña. Un “sector minoritario pero pudiente logró apropiarse de grandes extensiones de tierras baldías del Estado por dotación gratuita o por acaparamiento más allá de lo titulado, a veces a costa de las comunidades indígenas y campesinas del contorno”. Los pobres inmigrantes se quedaron con una mínima parte de la tierra. (Carta Pastoral “Tierra, madre fecunda para todos”)

El largo proceso de agresiones y usurpación territorial iniciado por los colonizadores y continuado por hacendados y colonos al amparo del Estado republicano exacerbó la concentración de los poderes económicos, políticos y sociales en una pequeña elite regional, la cual ha venido negando hasta el día de hoy a los pueblos indígenas el derecho a la posesión de sus territorios ancestrales. La mala distribución y el uso inadecuado de la tierra se convirtieron en las principales causas del hambre y miseria de amplios sectores sociales. La “escandalosa” concentración niega a un sector significativo de los bolivianos los beneficios y los frutos de la tierra; provoca “conflictos que dañan las bases de la convivencia civil (…), la destrucción del tejido social y el deterioro del medio ambiente”, y genera “situaciones de dependencia y opresión…”, subraya la Carta Pastoral.

Informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, del Defensor del Pueblo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e inclusive del departamento de Estado de Estados Unidos, denuncian que centenares de familias guaraníes siguen trabajando en condición de ciervos de la gleba en algunas haciendas que parecen congeladas en el tiempo en las provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O’Connor y Gran Chaco de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

JÓVENES - TARIJA

ABI: JÓVENES - TARIJA

Jóvenes tarijeños le dicen no al estatuto de Cossío y le piden autonomías incluyentes

Tarija, 14 jun (ABI).- Distintas organizaciones de jóvenes del departamento de Tarija coincidieron hoy en rechazar el estatuto autonómico que impulsa el prefecto Mario Cossío y demandaron una autonomía departamental incluyente, legal y con participación plena de las organizaciones juveniles.

Así lo expresaron representantes de la Fundación Nilo Soruco, de la Federaciones de Juntas Vecinales Juveniles, El Colectivo La Rueda, de la Federación de Jóvenes Trabajadores, y de las Juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Riberalta.

Además del Movimiento Universitario Social, la Federación Departamental de Estudiantes de Secundaria y los Trabajadores Sociales y Comunitarios de Bolivia, filial Tarija en el foro "Autonomía y Participación Juvenil" desarrollado en la capital tarijeña.

"Nosotros, como organizaciones juveniles del departamento de Tarija, estamos rechazando contundentemente la imposición de un estatuto autonómico que es completamente desfavorable para el pueblo tarijeño", afirmó Gustavo Medina, organizador del encuentro.

Medina, que cursa el tercer semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Juan Misael Saracho, manifestó que tampoco tiene ningún beneficio para los jóvenes ni los que la redactaron no fueron elegidos por el pueblo.

"Este fue redactado por un pequeño grupo de poder que se encuentra en la Prefectura y en el Comité Cívico y en ningún momento fue consensuado con la población", apuntó.

Por su parte, Jorge Ríos dirigente de la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) dijo que el estatuto tarijeño no fue redactado de forma ilegal y que las mismas personas que lo hicieron no fueron elegidas para que realicen esa tarea.

"Las personas que han redactado (el estatuto) no fueron elegidos para que hagan ese trabajo, personas como Wilman Cardozo, y otras que no representan a nadie, fueron quienes aprobaron un estatuto que llegó de otro departamento ya redactado", denunció.

Mientras tanto, Samuel Herrera expresó que si bien está de acuerdo con la autonomía departamental no está a favor de un estatuto que sólo beneficia a las elites tarijeñas.

"Yo estoy a favor de las autonomías, pero no estoy de acuerdo con los estatutos porque este sólo beneficia a las élites tarijeños, por ejemplo cuando dicen que van a crear empresas a dotar de tierras, pero no dicen quiénes las van administrar, a ellos no les interesa el campesino les interesa más ganar dinero y de seguro con ello continuaran", dijo.

A su turno, el ejecutivo de la Federación de Jóvenes Trabajadores José Cerrano manifestó que no es posible que el prefecto Cossío, que antes era presidente de la Cámara de Diputados, y que se ha hecho rico con la plata del pueblo, ahora culpe al centralismo del retraso del departamento.

Manifestó que de ser aprobado la propuesta de estatuto autonómico el departamento seguirá perdiendo dinero porque el prefecto tendrá más poder para hacer y deshacer todo lo que el quiere.

"El prefecto es un político tradicional que nunca ayudó al pueblo", dijo.
Jcch/Dgav ABI

Prefectura tarijeña advierte con despedir a quienes no voten en la consulta

Tarija, 14 jun (ABI).- La Prefectura del departamento de Tarija advirtió a las trabajadoras del Plan de Empleo de Emergencia (PEE) con despedirlas sino asisten a votar a favor del estatuto autonómico el próximo 22 de junio.

Reynaldo Chorolque denunció que a su esposa, quien trabaja en el plan, en varias oportunidades la Prefectura la obligó a marchar advirtiéndole que si no lo hacía sería pasible a descuentos.

Incluso dijo que en algunas oportunidades funcionarios de la Prefectura trasladan a las empleadas a las zonas alejadas con el pretexto de trabajar, pero ya en el lugar les hacían distribuir banderas y hacer campaña a favor del estatuto redactado por instrucciones del prefecto Mario Cossío.

Ahora, indicó Chorolque, "les han dicho que vayan a votar (el 22 de junio), si es que no lo hacen la próxima vez no se les va a re contratar, incluso les han advertido con despedirlas".

"Que no se aprovechen de la gente humilde, que sean más considerados", instó Chorolque, quien trabaja de albañil en la capital tarijeña.

El denunciante indicó que su esposa, junto a una de sus compañeras, trató de denunciar el trato que recibía en su trabajo, pero los medios de prensa le pedían que no "hable nada en contra del prefecto Mario Cossío".

El Plan de Empleo de Emergencia fue creado el 2007 para dar una fuente de trabajo, por el lapso de tres meses a las personas que no cuentan con ingresos fijos. Se les paga 600 bolivianos mensuales.
Jcch/Dgav ABI